Wert y el (¿globo sonda?) del copago en la educación
Aunque ha asegurado que el Gobierno no estudia nuevos copagos, el ministro ha llamado reiteradamente a "reflexionar" sobre el tema
Wert considera que una mayor aportación económica de las familias puede "contribuir a la equidad" del sistema
España se ha comprometido ante Bruselas a bajar su inversión en educación al 3,9% del PIB en 2017, un porcentaje que en 2009 alcanzaba el 5,09%
Sólo entre 2012 y 2013 el recorte a la financiación educativa supuso 4.630 millones de euros
Cuando José Ignacio Wert llama a reflexionar sobre algo, en la comunidad educativa se encienden todas las alarmas. Y aunque este martes en el Senado el ministro ha asegurado con voz firme que el Gobierno no está planeando implantar nuevos copagos, el llamamiento que había hecho la semana anterior a repensar la aportación de las familias en las etapas no obligatorias ha puesto en pie de guerra a sindicatos, partidos políticos, asociaciones de padres y de estudiantes.
Y es que las perspectivas económicas del sistema educativo no son precisamente halagüeñas. El plan de sostenibilidad que el Gobierno ha enviado a Bruselas prevé que España reduzca su inversión en Educación al 3,9% del PIB en 2017. Esto supone un 13,6% menos que en 2012, cuando alcanzó el 4,5% del producto interior bruto. El retroceso es mucho más notable si tomamos como referencia, por ejemplo, 2009, cuando el dinero dedicado a la educación supuso un 5,09% del producto interior bruto. En términos absolutos la caída del gasto en educación es todavía mayor, puesto que en el último trienio el PIB ha retrocedido más de un 5%. Sólo entre 2012 y 2013 el recorte ha sido de 4.630 millones de euros.
El argumento del Ministerio es que el dinero no mejora los resultados. Y para ello citan al informe PISA – en el que España no consigue grandes notas– asegurando que "a partir de cierto nivel de inversión", poner más dinero a disposición de la educación "no mejora los resultados". Esto ha repetido una vez más Wert este martes en el Senado a quienes reclamaban que, una vez que el Gobierno asegura que la situación económica mejora, se relajaran las restricciones presupuestarias en educación.
Un derecho constitucional
Con los presupuestos en mínimos y varias medidas extraoridinarias de austeridad (aumento de las ratios, congelación de la tasa de reposición de docentes, eliminación de ayudas al estudio), las posibilidades de recortar las partidas se reducen, lo que lleva a muchos a pensar que tarde o temprano se pedirá "un poco más de esfuerzo a las familias". Sobre todo en la enseñanza no obligatoria (Infantil, Bachillerato, FP, universidad), porque la obligatoria está consagrada como gratuita en la Constitución.
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